Politica carcelaria

Fases de la política penitenciariaLos distintos Gobiernos de los Estados español y francés han aplicado durante los últimos 26 años una política especial y discriminatoria en materia penitenciaria respecto a los presos políticos vasc@s. Esta política especial ha conocido diferentes etapas y, dependiendo de los objetivos políticos que perseguía cada una de ellas, ha registrado diferentes fases. La política penitenciaria de los Estados español y francés no se ha proyectado, por tanto, conforme a criterios de legalidad, sino a criterios de política general y, en concreto, conforme a las necesidades de la llamada "política antiterrorista". El trato dado a l@s pres@s polític@s vasc@s se ha alejado de las garantías que contempla la legislación, en función de otros objetivos políticos, relacionados directamente con el ataque a Euskal Herria.Como consecuencia, la vulneración de derechos fundamentales ha sido una constante a largo de estos años.

Los Gobiernos de los dos Estados disponen de una legislación en materia penitenciaria lo suficientemente ambigua como para poder aplicarla con mayor o menor dureza en función de sus intereses. Así, si consideran que lo que conviene es endurecer las condiciones de vida, pueden endurecerlas en un marco que pueden calificar de legal, y en la misma medida pueden adoptar una actitud de mayor flexibilidad. Lo denunciable de todo ello es que, casi de manera permanente, las necesidades políticas -nos estamos refiriendo básicamente al Estado español- exigen que las medidas que se aplican a nuestr@s familiares rocen con el límite de la ley o directamente lo sobrepasen.No es fácil establecer límites precisos en la sucesión de acontecimientos que identifican a la política penitenciaria utilizada contra l@s prisioner@s vasc@s, pero sí se pueden percibir las tendencias que han caracterizado cada una de las diferentes etapas. A finales de los 70 y principios de los 80 el Estado español no parecía tener necesidad de utilizar a l@s pres@s polític@s vasc@s, y por eso los mantenía en cárceles situadas en Euskal Herria o, en todo caso cerca (Soria), agrupados y sin medidas políticas especiales. La constatación de que el "problema vasco" no se acababa con el recién estrenado marco constitucional y autonómico hizo que el Gobierno de ese momento comenzara a utilizar a l@s ciudadan@s vasc@s pres@s como un peón del tablero político, una pieza que puede ser utilizada a conveniencia y establece la aplicación de un tratamiento específico a l@s pres@s polític@s vasc@s. Así se inicia una primera fase de alejamiento puro y duro: en 1981 los presos vascos son desplazados en bloque a Puerto de Santa María, quedando solo algunos, -entre ellos las mujeres- en cárceles cercanas a Madrid. Posteriormente, en 1984, se lleva a cabo el reagrupamiento de la mayor parte de ellos en la prisión de Herrera de la Mancha, pero con la aplicación de un régimen altamente militarizado que perseguía simple y llanamente el aislamiento de los presos de la sociedad vasca y el desgaste físico y psíquico que acarrea esta política de exterminio. Paralelamente, a principios de los 80 el Gobierno español practica una política diferente -con aplicación generalizada de indultos- con los presos que se acogen a las medidas de reinserción propiciadas por las negociaciones entre ETApm y el Gobierno.A finales de la década de los 80 tiene lugar el inicio de una nueva fase, diseñada básicamente por el PSOE (con Múgica Herzog, actual Defensor del Pueblo, a la cabeza de su diseño) pero con la aquiescencia e incluso el asesoramiento de políticos nacionalistas (Torrontegui, o el actual Consejero de Justicia del GV Joseba Azkarraga). Las medidas de reinserción de la anterior fase estaban agotadas, y se inicia una nueva fase consistente en detectar diferencias entre l@s pres@s y aplicar una política penitenciaria de presión, para que estas diferencias aumenten y se consiga que una parte de l@s pres@s presione a ETA. No está de más recordar que la dispersión, en su vertiente más negra, se inicia en la primavera-verano del 89, justo después de que finalizaran sin resultado las negociaciones de Argel, entre ETA y el Gobierno español. Se pone en marcha la dispersión de l@s pres@s, en su sentido más directo -separación de l@s pres@s entre sí y alejamiento por toda la geografía del Estado español- y se inicia una fase de endurecimiento que la situación de indefensión de l@s pres@s vasc@s, mayoritariamente sometidos a régimen de aislamiento, propiciaba: Las condiciones de vida se sitúan bajo mínimos, se establecen fuertes restricciones en las comunicaciones, la denegación sistemática de la libertad condicional, frecuentes agresiones en el interior de las cárceles y -sobre todo- en las conducciones (traslados de prisión a prisión, o al Juzgado)... Se trataba de presentar diferencias entre "buenos" y "malos", entre "blandos" y "duros", y para ello se aplicó una política de palo y zanahoria. Pero aquella fase también se agotó. Los resultados no eran los esperados y l@s pres@s fueron alcanzando unas más aceptables condiciones de vida. Gracias al trabajo que se hizo en los juzgados y, sobre todo, gracias a la presión que la sociedad vasca iba haciendo en contra de esta política, el Gobierno se vio obligado a abandonar la política de dispersión en su vertiente más sangrienta. Y en esta especie de impase hemos vivido los últimos años...Pero llegamos al momento actual. El Gobierno del PP decidió abordar una nueva fase, y otra vez con la idea -ahora confesa- de alcanzar objetivos políticos: hacer desistir a los jóvenes en especial, y a la sociedad vasca en general, de sus ideas independentistas y sembrar la desmoralización entre l@s pres@s, sus allegad@s,... El PSOE sigue ese camino. Se trata de una fase especialmente dura y para asegurar, sin resquicios, la extrema dureza que persigue, se ha adoptado todo un paquete de medidas que además, le presta cobertura legal: Endurecimiento de las penas señalando el límite de cumplimiento en 40 años, endurecimiento general de las condiciones de vida en las cárceles (restricciones en las comunicaciones, prohibición de estudiar, denegación de asistencia médica extrapenitenciaria...), imposibilidad legal de acceder a la libertad condicional, desaparición de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria para establecer el control de todo lo referente a nuestr@s familiares en la Audiencia Nacional española, alejamientos masivos a las cárceles más alejadas de Euskal Herria...Es otra vuelta de tuerca más. Incluso desde el punto de vista del Gobierno, lo sensato sería que abandonaran esa obsesión por utilizar a l@s pres@s para presionar a ETA. La experiencia histórica demuestra que los resultados, políticos, han sido prácticamente nulos. Sin embargo, por ceguera o por simple venganza, han decidido apretar las tuercas. Cada vez que el Gobierno decide sacar jugo político de l@s pres@s, lo hace calculando las cosecuencias que ell@s y nosotr@s mism@s, sus familiares, tenemos que pagar. Nos esperan nuevas y más sangrantes vulneraciones de derechos humanos en las cárceles, con el añadido de que la posibilidad de hacer frente a esta nueva situación a través de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, como ocurrió en la etapa anterior, es simplemente nula. Para algo se ha creado el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional española.Los derechos de las personas presas no pueden estar condicionados a intereses políticos. Son derechos fundamentales y deben ser siempre respetados. No se puede jugar con ellos, manipularlos ni someterlos a contrapartidas. Y mucho menos establecer leyes que los hagan desaparecer, no al menos en un Estado de Derecho. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo; hasta ahora existía una ley que era sistemáticamente incumplida. Ahora van más allá: para que nadie pueda continuar acusándoles del incumplimiento de sus propias leyes, las han reemplazado por otras que se amoldan a sus prácticas habituales. Hasta ahora, existían leyes formalmente democráticas y prácticas antidemocráticas. Ahora existen leyes senciallamente antidemocráticas, reaccionarias, absolutamente ajenas a los estándares internacionales. En cuanto al Estado francés, la ley de 1985 puso en marcha una política hasta entonces desconocida, vino a dar cobertura legal a una política especial. Desde entonces, a los vascos se les aplica una jurisdicción especial para ser detenidos, inculpados, encarcelados y juzgados. Ahí está el inicio de la política de dispersión y alejamiento de los presos políticos vascos.

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